Ezker Batua-Berdeak Barrika

Ezker Batua-berdeak/Aralar nos hemos abstenido a los presupuestos 2008. Mucha gente se preguntará, porqué no hemos votado en contra, y hemos de recordar que fuimos quienes presentamos una enmienda a la totalidad allá por diciembre, cuando se nos presentaron el primer borrador. De ese primer borrador a este último hay muchas mejoras, como son la venta de un terreno, 500.000 euros de más para hacer cosas, que llevabaáños supuestamente intentando venderse. No hizo falta más que recordarles, darles el toque de esto 500.000 euros que durante 4 años llevaban apareciendo en los presupuestos, engordando un presupuesto pero que, al final nunca se tenían, porque bien poco hacían por venderlo. Fue decirlo, poner un cartel y … voilá, estaba vendido. Ahora esperemos el uso adecuado (hay un montón de proyectos por hacer).

Además, de admitirnos el 0,7 en cooperación y desarrollo, nos parece importantísimo la legalización de todo persopnal trabajador del ayuntamiento (un par de personas están sin asegurar), algo que desde una institución pública no se puede admitir.  Tambie´n hemos logrado que se saque a concurso uno de los puestos cuyo contrato vence ahora.

Pero sobre todo veíamos necesario slair del atolladoro, de más de 6 meses de retraso de unos presupuestos, con tres borradores y bastantes mejoras, poqre si  no una serie de proyectos, como el de la reforma de las escuelas de Goierri, no se podía iniciar. Nuestra disyuntiva era: le echamos otra vez los p`resupuestos atrás, a pesar de habernos admitido la mayoría de mejoras que habíamos propuesto? dejamos al los habitantes de barrika un año más sin locales , tan necesarios y demandados, por sobre todo, nuestra clara disconformidad ante el sueldo del sr. alcalde??

Claramente, vemos que hay que seguir adelante con ciertos proyectos, por lo que los presupuestos habían de sali adelante. El pueblo demanda infraestructuras, servicios, locales, no una oposición en continua negación con el equipo de gobierno que en muchos casos no hace más que obstaculizar y bloquear proyectos. este era el caso.

hemos mostrado nuestro claro desacuerdo ante un sueldo que, aunque legal, claramente desorbitado. El sr alcalde verá. si tanto quiere a su pueblo, que baje de su pedestal y le escuche, no sólo a la hoar de locales,… si no también lo que comentan de su sueldo, escandalizados.

Así mismo, esperanmos que todas las partidas se usen realmente, pues, enriquecen al pùeblo, ya que muchas veces, partidas de igualdad no se han llevado adelante, casi no se han tocado, y no es usar por usar pero ya que la presupuestas… ofrece al pueblo actividades, y además, véndelas al p`´iblico, no sólo de barrika, si no al resto…

Debemos trabajar como oposición para sacar adelante todo lo que en otras legislaturas no se ha logrado. Con control, transparencia, sin dejar que con el primer proyecto ya basta. Somos mayoría, queremos opcioones, y el equipo de gobierno ya se ha dado cuienta que con nosotros/as no va a ser tan fácil como durante años lo han tenido. Debemos ser responsables y no negar por método, porque lo dice el euipo de gobierno, pùes nosotros nos oponemos. Tenemos que saber hacer las cosas, para lograr, a nuestro modo, no al de ellos, lo que el pueblo desea.

Ezker Batua-Berdeak afirmó hoy que el plan de ETA para secuestrar a un concejal socialista y asesinar al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska es “una muestra de fanatismo, intolerancia y sinrazón de quienes han hecho de la violencia su única razón de ser”.

En declaraciones a Europa Press, la formación liderada por Javier Madrazo pidió la disolución de ETA “sin condiciones, por y para siempre”, e hizo un llamamiento a la izquierda abertzale para que rechace la violencia y “rompa amarras con quienes amenazan y asesinan”.

EB señaló que, en democracia, la crítica política a la Justicia es “legítima”, pero advirtió de que, “querer matar a quienes la ejercen, es fanatismo puro y duro”, por lo que “merece la condena unánime de las instituciones, formaciones políticas, agentes sociales y ciudadanía en general”.

La miembro del Consejo Político de Ezker Batua Julia Madrazo expresó hoy su “más absoluta repugnancia” por las acciones “mafiosas” de ETA en Laredo y Noja, donde colocó varios artefactos explosivos. A su juicio, la organización terrorista está entregada a la causa de “generar daños, destrucción y temor”, en este caso en dos localidades cántabras.

En declaraciones a Europa Press, Madrazo señaló, que con este tipo de acciones, ETA pretende “socializar el dolor, violentar la vida cotidiana de las personas y atemorizar a la ciudadanía”.

Por ello, reclamó a la banda terrorista su desaparición inmediata y definitiva, y a la izquierda abertzale que le haga esa exigencia “de manera urgente”.

El último informe del Gobierno Vasco revela que los pisos que llevan más de un año deshabitados descienden hasta 18.493

Según la última encuesta bianual del Gobierno vasco, correspondiente al año 2007, existen 18.493 viviendas vacías gestionables en nuestra Comunidad.  Como viviendas gestionables, el  Gobierno toma la bolsa de pisos deshabitados que hay que gestionar con carácter prioritario, esto es, aquellos que llevan desocupados más de un año ininterrumpido, no son utilizados como segunda residencia y no se encuentran en oferta en el mercado. El dato se refiere a viviendas ubicadas en secciones urbanas, que son las que agrupan al 90% de las viviendas existentes en Euskadi. 

Por Territorios, Araba registra 4.088 (22,1%) viviendas deshabitadas, Bizkaia 6.432 (34,7%) y Gipuzkoa 7.973 (43,1%).

La encuesta es una operación estadística muestral que arroja una proyección a partir de un subconjunto, con el doble objetivo de cuantificar y caracterizar los pisos vacíos existentes. 

Se han recorrido 5.712 portales, con un total de 55.228 huecos.  Por comparar con el registro del único organismo que realiza un censo de viviendas vacías, el Instituto Nacional de Estadística recorre menos de 5.000.  Únicamente han sido objeto de investigación los edificios residenciales. Son viviendas en su mayoría de entre 50 y 100 metros cuadrados, con 4 ó 5 habitaciones y 1 baño. Se trata de viviendas de relativa antigüedad -el 53% de antes de 1964- que requieren en un 42% algún refuerzo en materia de rehabilitación -19% pequeño y 22% grande-.

El número de viviendas vacías existentes en el mercado desciende considerablemente con respecto a 2005.  El informe registra una caída paulatina en el stock de viviendas vacías, siendo de casi dos puntos con respecto al dato de 2005, del 6,8% al 4,9%.  En términos absolutos, pasan de 26.691 en 2005 a 18.493 en 2007.  8.198 viviendas deshabitadas menos.  Las viviendas vacías movilizadas a través de Bizigune, y la propia dinamización del mercado libre de alquiler generan este descenso en el número de viviendas vacías.  El efecto disuasorio de la política pública de vivienda y la aparición del alquiler como alternativa viable son sus causas fundamentales.

Bizigune, la Sociedad para la Movilización de Vivienda Vacía,  ha captado hasta la fecha un total de 4.489 viviendas vacías. Es decir, a día de hoy la iniciativa ha movilizado casi un 25% del total de viviendas vacías gestionables existentes en la CAPV.

A partir del momento en que se capta la vivienda se inicia el proceso de reparación de la misma si fuera necesario, para lo que se concede a la persona propietaria un préstamo de 18.000 euros sin intereses; firma del contrato con el propietario y asignación a una de las personas inscritas en Etxebide y que solicitan viviendas de alquiler social a través de Bizigune.  El Gobierno Vasco actúa como intermediario entre la persona propietaria e inquilina, abonando a la primera una renta algo inferior a la de mercado (media de 565 €) y cobrando a la segunda una renta no superior al 30% de sus ingresos (media de 281 €).  El Departamento de Vivienda, a través de Bizigune, garantiza a la persona propietaria el cobro puntual de la renta, la gestión del alquiler y la devolución del piso en buen estado a la finalización del contrato. 

Los presupuestos de 2008  incorporaron una cifra de 18 600 000 euros para costear Bizigune, desde los 4,5 millones de euros de 2004, 8 millones de 2005, 10 millones de 2006 y 14 en 2007.  En total 55,1 millones de euros,  lo que cuesta construir unas 435 viviendas sociales en alquiler.   Javier Madrazo, Consejero de Vivienda, ha explicado que “se trata por tanto, de una iniciativa social y medioambiental que nos permite aprovechar el parque de vivienda existente sin ocupar nuevos suelos, contribuye a la rehabilitación del parque residencial, cuesta más barato que construir vivienda nueva y resuelve una necesidad de manera inmediata, a través del alquiler social como alternativa viable a la emancipación y a las situaciones de imposibilidad de acceso a una vivienda libre”.

En torno al 80% de los propietarios muestran un alto índice de satisfacción. Valoran especialmente la garantía del adecuado cuidado de la vivienda que les ofrece el gobierno y la puntualidad en el pago del alquiler. Los inquilinos valoran especialmente el nivel de la renta que deben pagar, que no supera el 30% de sus ingresos, y las características físicas de la vivienda: ubicación y tamaño.  Cerca del 90% de personas propietarias e inquilinas recomendaría Bizigune a una persona conocida.

Por otro lado, Madrazo se ha referido a la Sociedad Pública de Alquiler del Gobierno central como “una iniciativa que no aporta ninguna ventaja comparativa, ya que ha movilizado las mismas viviendas en el conjunto del Estado, que Bizigune en Euskadi.  Los propietarios cobran una renta por debajo de mercado pero esta rebaja no beneficia a los inquilinos, que pagan una renta algo superior que la que cobran los propietarios para cubrir los costes de la SPA. Es decir, es el inquilino, la parte más débil de la cadena, quien costea a la sociedad pública de alquiler del gobierno central”.  Madrazo sostiene que la SPA “actúa más como una intermediaria inmobiliaria que como un servicio público destinado a procurar vivienda asequible a la ciudadanía”.

El Consejero de Vivienda también ha instado a las empresas constructoras a “vender sus viviendas a un precio más razonable, con un menor margen de beneficio” y ha animado a las personas propietarias de vivienda vacía a ponerla a disposición de Bizigune “con el doble objetivo de obtener por ella una rentabilidad económica y social”.

El número de atención de Bizigune es el 900 251 251.

El Gobierno vasco ha aprobado el decreto que regulará los puntos de encuentro familiar por derivación judicial estableciendo  “criterios idénticos” para el funcionamiento de estos centros. Los puntos de encuentro existentes, un total de siete, podrán seguir realizando sus funciones, aunque en el plazo de dos años deberán contar con autorización administrativa y adecuarse a lo dispuesto en el decreto.

El viceconsejero de Asuntos Sociales, Fernando Consuegra, y la directora de Bienestar Social, Elena Ayarza, presentaron hoy en una rueda de prensa en Bilbao el decreto regulador, acordado en la sesión del Consejo de Gobierno vasco celebrada ayer.

Esta medida pretende posibilitar el ejercicio del derecho de los niños y adolescentes de vivir con sus progenitores o, en caso de ruptura o separación, a mantenerse en contacto con ellos. De este modo, la Ley vasca de Atención y Protección de la Infancia y la Adolescencia, de febrero de 2005, recoge con este objetivo el impulso de la creación de puntos de encuentro como “lugares para encuentros en los que se aconseje supervisión, para encuentros derivados por un juez”.

En este sentido, el decreto aprobado ayer pretende atender a esta disposición así como a la necesidad de establecer “una serie de criterios idénticos” para todos los centros de encuentro en relación a su funcionamiento, los servicios que prestan, la ubicación de estos recursos, sus equipos humanos y equipamientos.

El decreto establece estos puntos de encuentro como “espacios neutrales e idóneos en los que se encuentra miembros de una familia en situación de crisis”, en los que dispondrán de apoyo de profesionales en Psicología, Educación Social y el Trabajo Social.

De este modo, estos lugares están diseñados como servicios sociales orientados a garantizar y facilitar, con carácter temporal, las relaciones entre los hijos y sus progenitores en procesos de separación, divorcio, nulidad o de regulación de medidas de uniones de hecho.

Podrán beneficiarse de este servicio, una vez establecido su uso mediante resolución judicial, los niños y adolescentes que formen parte de familias en crisis o afectadas por medidas de alejamiento y protección a la víctima en situaciones de violencia de género. También se consideran beneficiarios los adultos que acudan a ellos para cumplir un determinado régimen de visitas.

Los Puntos de Encuentro Familiar tienen como objetivo garantizar el derecho fundamental de niños y adolescentes a mantenerse en contacto con sus progenitores y familiares cercanos y el de éstos a mantener una relación con sus hijos y nietos.

Del mismo modo, se pretende garantizar la seguridad y bienestar de los menores durante el régimen de visitas, por lo que si es preciso habrá presencia de una tercera persona “imparcial y neutral” para supervisar la ejecución de las visitas.

También se prestará una orientación destinada a mejorar las relaciones materno-paterno filiales y a facilitar la adquisición de habilidades de crianza.

Entre otros servicios prestados, se incluyen visitas tuteladas tanto con supervisión como sin supervisión en el centro y, con carácter puntual, fuera del Punto de Encuentro Familiar. Además, en intercambios, se facilitará la supervisión de la entrega y recogida de los niños y adolescentes para visitas fuera del centro.

Asimismo, se contempla el acompañamiento al niño o adolescente al establecimiento penitenciario, hospitalario o residencial en el que se encuentre su madre o su padre, siempre que no resulte posible su desplazamiento al Punto de Encuentro Familiar.

La utilización del Punto de Encuentro Familiar tendrá carácter temporal, durante un periodo máximo de un año, prorrogable en función de la situación, mediante resolución judicial. Sus servicios serán de carácter gratuito y se prestarán en un horario “amplio” con el fin de facilitar la conciliación del derecho de visitas con el calendario y horario escolar y la vida laboral. Por ello, se prevé que permanezcan abiertos como mínimo dos días laborables a la semana y todos los fines de semana, aunque cada punto elaborará su propio horario.

SITUACIONES DE CONFLICTIVIDAD

El decreto establece el procedimiento en situaciones de “alta” conflictividad, de modo que en los casos en los que exista una Orden de Protección o situaciones comprobadas de alta conflictividad deberán adoptarse medidas orientadas a prevenir las situaciones de riesgo. También se acordarán medidas para evitar que coincidan en el centro las personas afectadas por estas situaciones de alta conflictividad.

En caso de producirse incidentes significativos de alteración de la convivencia, se prevé que los profesionales del centro procuren restablecer la normalidad a través del diálogo y que “sólo ante la existencia de riesgo para la integridad de las personas, se dará aviso a la autoridad policial”.

La Administración Pública de la que dependan los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial elaborará un protocolo común de actuación, en coordinación con la Policía Autónoma Vasca o la Policía Municipal, en los casos en los que se produzcan incidentes significativos, en aquellos en los que exista una Orden de Protección y en situaciones comprobadas de alta conflictividad.

Los profesionales del Punto de Encuentro Familiar solicitarán a las autoridades judiciales o policiales las visitas tuteladas con acompañamiento policial en caso de que consideren que existe un riesgo para la seguridad de los usuarios.

El decreto contempla que los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial estén situados en locales o pisos integrados en la comunidad, en zonas “debidamente comunicadas” mediante transporte público, y de fácil acceso a plazas o jardines públicos. Deberán reunir las condiciones de habitabilidad de las viviendas ordinarias.

Estos centros deberán contar con profesionales con la cualificación requerida para el trabajo que van a realizar y el servicio que van a prestar. En cualquier caso, deberá disponer de un equipo técnico integrado, como mínimo, por un profesional del ámbito de la Psicología, otro del Trabajo social y dos de la Educación social.

SIETE PUNTOS DE ENCUENTRO

Con el objetivo de “no desatender” la demanda existente en la actualidad, los puntos de encuentro familiares que vienen atendiendo casos por derivación judicial en funcionamiento con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto podrán seguir funcionando como tales.

No obstante, en el plazo de dos años, estos puntos deberán contar con autorización administrativa, previa adecuación de sus instalaciones, equipo técnico y funcionamiento a lo dispuesto en el decreto aprobado ayer.

En la actualidad, existen en Euskadi siete puntos de encuentro, tres en Bizkaia, dos en Alava, y otros 2 en Gipuzkoa, estos últimos los únicos de titularidad privada.

Sin palabras. de Arkimia

El Gobierno vasco otorgará a los ayuntamientos ayudas de 40.000 euros por vivienda destinada al alquiler protegido y subvencionará los préstamos necesarios para financiar las operaciones urbanísticas con tipos de interés bonificados del 4,75 por ciento. El Ejecutivo, que prevé alcanzar en 2009 un parque de 19.000 viviendas de alquiler, destinará durante los próximos tres años un total de 180 millones de euros para la promoción de esta tipología de hogares.

El consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, presentó hoy en Bilbao la orden de ayudas que ha elaborado su Departamento con el fin de incrementar el parque de alquiler protegido en la Comunidad Autónoma Vasca y que se espera pueda entrar en vigor en el mes de septiembre.

Según explicó, el Ejecutivo pretende impulsar “un auténtico plan de choque” para fomentar el alquiler social en Euskadi. En este sentido, destacó que los ayuntamientos vascos “son muy activos” en la promoción de vivienda protegida, pero aún “muy tímidos” en el impulso del alquiler protegido.

El consejero indicó que actualmente el 70 por ciento de las viviendas que entran en el mercado de alquiler son protegidas y señaló que, mientras que hasta el momento era fundamentalmente el Gobierno vasco “en solitario” el encargado de promoverlo, se pretende que los municipios “se impliquen de forma directa” en esta labor.

En este sentido, la nueva orden, que se encuentra actualmente en fase de información pública, tiene como objetivo poner a disposición de los ayuntamientos “una herramienta muy importante” que incluye “potentes ayudas y subvenciones” que darán “el impulso necesario para la implicación de los ayuntamientos” en la promoción del alquiler protegido.

De este modo, la orden contempla tanto ayudas directas como la financiación de actuaciones destinadas a incrementar el parque de alquiler protegido. Dentro de las primeras, el Ejecutivo autonómico financiará a los ayuntamientos con 40.000 euros por vivienda en operaciones de promoción de viviendas en alquiler o de adquisión de viviendas para su puesta en alquiler.

Las nuevas subvenciones superan en un 317 por ciento a las existentes hasta ahora y son “las más cuantiosas” del Estado, donde este tipo de ayudas alcanzan los 13.200 euros, según destacó Madrazo.

Además, estas ayudas están condicionadas a que las viviendas estén destinadas al menos 50 años al alquiler, frente a los 25 del Estado.

Las ayudas se desembolsarán al inicio de cada promoción con el fin de propiciar que los ayuntamientos tengan que solicitar “el menor crédito posible”. El importe previsto para estas ayudas directas se elevarán a 45.000 euros por vivienda en el caso de los alojamientos dotacionales de alquiler.

Por otra parte, la orden de ayudas contempla ayudas indirectas, previamente negociadas con las cuatro cajas vascas, de modo que los ayuntamientos o entidades privadas que soliciten préstamos para financiar promociones de vivienda protegida se beneficiarán de una subvención al tipo de interés bonificado del 4,75 por ciento, lo que, según indicó el consejero, supone “el más bajo de todo el Estado”.

Asimismo, se ofrece a los municipios la posibilidad de que el parque de viviendas en alquiler sea gestionado por la sociedad pública Alokabide, que actualmente gestiona 7.232 pisos.

La Consejería también prevé favorecer “la participación de la comunidad en la acción urbanística” mediante el proyecto de ley remitido la pasada semana al Parlamento vasco y que supone la modificación de la participación en las plusvalías urbanísticas, pasando la cesión de aprovechamiento del 10 al 15 por ciento.

INVERSIÓN DE 130 MILLONES

En función de los datos aportados por la Consejería de Vivienda, desde 2002 ha impulsado la puesta en marcha de 33.796 viviendas protegidas, de las que 6.552 (el 20%) corresponde al regimen de alquiler. De este modo, “hemos pasado a las 700 viviendas de alquiler protegido que conformaban el parque de vivienda en alquiler de Euskadi en 2002 a las casi 10.000 viviendas protegidas en la actualidad”, destacó Javier Madrazo.

El objetivo del Ejecutivo vasco es alcanzar las 19.000 viviendas de alquiler protegido en 2009, fecha en la que concluye el actual Plan Director de Vivienda, mediante la promoción directa por parte del Gobierno autonómico, la financiación de promociones en alquiler a ayuntamientos y promotores privados, el desarrollo del programa Bizigune y el impulso de la nueva figura de alojamientos dotacionales recogida en la Ley del Suelo.

Con estas medidas, se pretende lograr “un parque público fuerte y potente” de alquiler con el objetivo de “avanzar hacia prámetros europeos”, para lo que, en opinión de Madrazo, “queda mucho por hacer”.

En los próximos tres años, según detalló, el Ejecutivo tiene previsto destinar a la promoción de viviendas de alquiler protegido, al menos, 130 millones de euros, de los que 54,8 millones están dirigidos a ayudas directas a ayuntamientos, Visesa y promotores privados; 57 a la promoción directa por parte del Departamento de Viviendas y Asuntos Sociales; y 18 millones para bonificaciones de tipos de interés. Gracias a estas inversiones, se pretende fomentar la puesta en marcha de 5.100 nuevas viviendas.

Desde 2001, el Gobierno vasco ha puesto a disposición de los ayuntamientos y promotores privados 89,5 millones de euros en forma de subvenciones y subsidiaciones que han permitido poner en marcha 4.707 viviendas en alquiler, a las que suman las promovidas directamente por la Consejería de Vivienda.

El consejero explicó que las nuevas medidas han sido trasladadas a Eudel y que, aunque se hablará “más específicamente” sobre ellas en nuevos encuentros, “se han recibido de forma positiva”.

INFORME DE SOCIEDAD DE TASACION

Por otro lado, Madrazo se refirió a los datos del último informe de la Sociedad de Tasación, que sitúa a San Sebastián como la segunda ciudad del Estado con el precio unitario de la vivienda más caro. En este sentido, afirmó que “los datos oficiales dicen que en Euskadi la vivienda está bajando, especialmente en algunos lugares como es el caso de Álava, y que en Bizkaia y en Gipuzkoa está subiendo por debajo de lo que suben los precios en el conjunto del Estado español”.

“Venimos de una historia en la que la diferencia de precios era importante, pero la tendencia en los estudios de los últimos tiempos es que en Euskadi suben los precios por debajo de lo que suben en el conjunto del Estado, más allá de un informe concreto”, aseguró el consejero vasco, que insistió en que esta evolución está relacionada con la importante oferta de vivienda protegida de la Comunidad Autónoma Vasca, que impulsa la “contención” de los precios en el mercado de vivienda libre.

Finalmente, Madrazo apeló a los promotores privados a que “no retengan” las viviendas “esperando que dentro de un tiempo las podrán vender a mejores precios”, sino que “las vendan ya a precios razonables porque la tendencia es de reajuste del mercado inmobiliario”.

A Ezker Batua.Berdeak nos interesa el tipo de vivienda que se deseais para Barrika. Nosotros y nosotras creemos en la vivienda de protección oficial (VPO) promovida por el Gobierno Vasco, por ser la más asequible y dirigida a la gente que realmente la necesita. En cambio, por parte del Equipo de Gobierno se plantea la constricción, en primer lugar de VTM, esto es viviendas tasadas municipales de régimen especial, esto es cuyas condiciones de acceso las pone el ayuntamiento, y cuyos precios son más elevados que la VPO.

Y tú qué opinas?

El  73,18%  por ciento de la militancia participante en el referéndum interno de Ezker Batua-Berdeak ha respaldado el Proyecto de Ley de Consulta. El proceso de referéndum, que se inició hace dos semanas por correo y en el que han participado 1.115 personas, ha culminado hoy con la votación en urna en las sedes de Bilbao, Vitoria y San Sebastián.

Por correo y mediante un código de barras en los sobres remitidos para preservar la confidencialidad de los votantes, participaron hasta ayer, lunes, 760 afiliados, el 68% por ciento de los sufragistas.

A través de urna, bajo la supervisión de un notario que ha verificado cada papeleta, han tomado parte 355 personas, que han podido depositar su voto en las sedes de las tres capitales vascas en horario de nueve de la mañana a nueve de la noche.

Resultados

El resultado de la consulta mediante voto por correo y urna ha sido el siguiente:

                       Sí: 816 (73’18 %)

                       No: 261 (23’40 %)

                       Abstención: 35 (3’13 %)

                       Nulo: 3 (0’25 %)

La celebración de este referéndum se decidió en la VII Asamblea General de EB, llevada a cabo el pasado 31 de mayo y 1 de junio, con el objetivo de que la militancia decidiese qué debían votar sus tres parlamentarios, Kontxi Bilbao, Antton Karrera y Oskar Matute, en el pleno del próximo viernes en relación con el Proyecto de Ley de consulta planteado por el tripartito.

Compromiso de la izquierda

Ezker Batua-Berdeak ha mostrado su agradecimiento a toda la afiliación que ha participado con su voto en este debate, en el que “se ha impuesto el compromiso de la izquierda con la consulta como un instrumento de gestión de la vida pública, una herramienta que no debe limitarse a una única consulta sobre la paz y la normalización política, sino que debe extenderse a todas las iniciativas de interés social como pueden ser las infraestructuras, el desarrollo sostenible o los nuevos derechos de ciudadanía”.

EB considera que, con esta iniciativa, su formación política está habilitando cauces de participación, que “contribuyen a democratizar la vida interna”. “Este proceso deberá ser una tónica a profundizar en el futuro, en la medida en que fomenta la transparencia y la pluralidad al escuchar y tomar en consideración la voz de nuestra base social”.

La formación de Javier Madrazo anima, en este sentido, al conjunto de partidos políticos a promover propuestas de esta misma naturaleza para “hacer efectivos los cauces de participación y democratización que reivindicamos pero no siempre ejercemos”.

Fuentes: Pedro Belmonte, Ecologistas en Acción y Sagarrak)

ECOLOGISTAS DENUNCIAN EL AUMENTO IMPARABLE DE LA ELECTROPOLUCIÓN EN EL DIA CONTRA DE LA CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

PROPONEN UN CAMBIO DE LA LEGISLACION Y LA REBAJA DRÁSTICA DE LOS NIVELES DE EXPOSICIÓN CIUDADANA

Ecologistas, junto con organizaciones vecinales y sociales de Europa, conmemoran este 24 junio como Día contra la Contaminación Electromagnética. En Euskadi es una fecha motivo de reflexión sobre el alarmante aumento de la contaminación electromagnética en nuestro país, causada por dos agentes principales: por un lado, los campos electromagnéticos de baja frecuencia de las líneas eléctricas, subestaciones y transformadores y, por otro lado, los campos electromagnéticos producidos por las antenas estaciones base de telefonía móvil y otras infraestructuras, como los sistemas Wifi y WiMAX.

Las organizaciones abajo firmantes quieren denunciar, el crecimiento insostenible y la proliferación caótica de estaciones base de telefonía móvil y otras infraestructuras de telecomunicaciones, que han supuesto la instalación descontrolada de estas redes radioeléctricas, un aumento significativo de la contaminación electromagnética y el crecimiento de la percepción social del riesgo asociado a estas infraestructuras.

La legislación estatal que funciona hasta ahora, (por la que se rige la C.A.P.V.) obedece a los intereses de las empresas eléctricas y de las grandes operadoras de la telefonía móvil, y no ha resuelto el problema; lo ha agravado con el aumento de la contaminación electromagnética en nuestros entornos urbanos. La movilización social, vecinal, y ecologista ha hecho que algunos municipios del estado y de la C.A.P.V. establezcan o planteen normativas más preventivas y niveles de exposición al público más restrictivos.

Países y regiones de nuestro entorno han establecido normativas y legislaciones mucho más restrictivas que las viejas recomendaciones de la UE para los niveles de emisión, por criterios de prevención para la salud pública: Italia, Suiza, Luxemburgo, Bélgica (región de Bruselas), Austria (land de Salzburgo), Rusia, etc.

Muchas conferencias internacionales de investigadores independientes alertan sobre los posibles efectos y riegos en la salud pública (Declaraciones de Viena 1998, Salzburgo 2000, Roccaraso 2000, Alcalá de Henares 2002, Catania 2002, Friburgo 2002, Benevento 2006, Venecia 2007, etc.). El informe Bioinitiative 2007 redactado por 14 científicos y expertos en salud pública para documentar las evidencias científicas de los campos electromagnéticos sobre la salud; señalan que los límites públicos existentes de seguridad son inadecuados tanto para los campos electromagnéticos de baja frecuencia como para los campos de radiofrecuencias y microondas. Ecologistas y asociaciones consideran necesario y urgente inversiones públicas en la investigaciones sobre campos electromagnéticos y salud.

Ecologistas, asociaciones y personas afectadas proponemos como alternativa que se realice una reforma de la Ley estatal y, específicamente, el Parlamento Vasco haga una Ley General de Telecomunicaciones y la normativa sobre control del espacio radioeléctrico, así como una Ley de Sector Eléctrico y los Reglamentos de líneas de alta tensión y subestaciones eléctricas, que garantice la salud de la población. La aplicación del Principio de Precaución y principio ALARA/ALATA (la mínima emisión técnicamente posible), distancias de seguridad a zonas residenciales y el control restrictivo del despliegue de estas infraestructuras deben ser los criterios básicos a la hora de autorizar la ubicación de este tipo de infraestructuras eléctricas y de telecomunicaciones.

Mientras en la C.A.P.V no se legisle sobre este tema, los municipios tienen competencias suficientes para aprobar normativas garantistas que rebajen considerablemente los niveles de emisión. Exigimos a nuestros ayuntamientos que protejan nuestra salud y nuestro derecho constitucional a no ser invadidos en nuestros cuerpos y domicilios por las radiaciones.

EKEUKO / COVACE (Coordinadora Vasca de Afectad@s por Contaminación Electromagnetica).
SAGARRAK – EKOLOGISTAK MARTXAN
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