El grupo municipal de Ezker Batua-Aralar ha apostado hoy por el mantenimiento de un servicio funerario público y de calidad que permita a la ciudadanía acogerse a él cuando atraviesa unos momentos dolorosos como son la muerte de un ser querido, y ha advertido de que la sentencia de un Tribunal de lo Contencioso Administrativo de San Sebastián que limita la actividad de la funeraria municipal puede suponer un encarecimiento de dichos servicios.

EB-Aralar se ha mostrado crítico con respecto a esta sentencia, que da la razón parcialmente a las empresas funerarias privadas de Gipuzkoa, ya que “no estamos ante un supuesto de municipalización de un servicio como el funerario, porque éste se viene prestando desde 1927 por el Ayuntamiento y, por lo tanto, no se hurta a la iniciativa privada ningún campo  de actuación”.

Por ello, y porque “no se produce indefensión de ningún tipo, toda vez que en modo alguno percibe la sociedad municipal beneficio de índole económico o fiscal”, la coalición de izquierdas sostiene que no corresponde acogerse en este caso a los artículos 96 y 97 del Texto refundido de disposiciones vigentes en Materia de Régimen Local.

“El servicio funerario en términos amplios se encuentra incluido en el artículo 26 de la Ley 7/85 que contempla los servicios mínimos que han de prestar los municipios. Existe una opinión prácticamente unánime sobre la no necesidad de privar a los Ayuntamientos de la realización de esta actividad” en aplicación del artículo 97.

Consideramos que la iniciativa pública en la actividad económica se consagra en el artículo 108 de la Constitución. Se justifica, en este caso, por las características especiales del sector funerario.

Además, el Instituto de la Empresa, que no se puede considerar precisamente una institución de radicales, sostiene que en el ámbito de los servicios funerarios el usuario se encuentra en una situación de extrema debilidad. La capacidad para actuar como un consumidor responsable y diligente se ve, por lo tanto, mermada sin la mediación de lo público.

Por ello desde Ezker Batua-Aralar apostamos por un servicio público que garantice a los ciudadanos que en el momento de extrema debilidad que conlleva el fallecimiento de un ser querido pueda optar por un servicio público de calidad digno a precio asequible y razonable.

La situación que pretende consolidar esta sentencia daría lugar a que este servicio se encontrase en manos de un cártel que se reparte el mercado y que extiende su posición de dominio desde el seguro de decesos hasta el último acto del servicio funerario. Todo esto aderezado con malas prácticas competitivas, daría lugar al incremento de los precios de este servicio, como ocurre en todas aquellas ciudades en las que no existe servicio municipal.

Ezker Batua-Aralar reclama, por ello, un posicionamiento expreso de todos los grupos municipales ante las consecuencias negativas que puede tener esta sentencia para la prestación de un servicio público.