El portavoz de Ezker Batua-Berdeak en Juntas Generales de Bizkaia, José Ferrera, ha mostrado su más absoluto rechazo ante la directiva europea que pretende implantar la semana laboral de 65 horas y ha instado a la Diputación Foral de Bizkaia a que se oponga a dicha medida y a que rebaje progresivamente la jornada a 35 horas semanales, tal y como reclaman históricamente los agentes sociales.

Ferrera ha registrado una proposición no de norma en las Juntas en la que pide al Legislativo foral que manifieste su total rechazo a la elevación de la semana laboral vigente y ha exigido el mantenimiento de esta “histórica conquista”.

En la iniciativa, EB ha solicitado que se inste al Ejecutivo central y al Parlamento Europeo a mostrarse en contra de la medida y que la Diputación sea “un agente activo” en el mantenimiento y defensa de la jornada laboral actual, así como que ayude a promover la implantación progresiva de las 35 horas en todos los sectores productivos de Bizkaia, en especial en los que puede tener capacidad de influencia.

Ferrera ha criticado la “complicidad” del representante español, que se abstuvo en la votación en la que se aprobó la propuesta de la Presidencia eslovena, que permitirá a cada Estado miembro modificar su legislación para elevar la semana laboral europea vigente de 48 horas hasta 60, en casos generales, y a 65 horas para ciertos colectivos como los médicos. La Directiva también recoge que el período en el que el trabajador está disponible, pero inactivo, no se considera tiempo de trabajo.

El grupo juntero de Ezker Batua ha recordado que la semana laboral europea máxima de 48 horas “es un derecho social” consagrado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hace 91 años y ha denunciado “el liberalismo económico radical” que ha impulsado la aprobación de dicha directiva.

“Es un hecho que empresas transnacionales y numerosos gobiernos europeos están empeñados en liquidar el ya recortado y devaluado modelo social europeo. Pero esta liquidación, si se consuma, no podrá dejar de tener importantes consecuencias negativas para la estabilidad social e institucional en la Unión Europea”, ha señalado Ferrera.

Asimismo, ha denunciado que la Directiva, pendiente de votación en el Parlamento Europeo, “atenta contra el derecho constitucional a la negociación colectiva e introduce la posibilidad de que la trabajadora y el trabajador renuncie a sus derechos”.

Finalmente, ha sentenciado que “la Directiva va contra la jurisprudencia de la Corte de Justicia Europea”.

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