El portavoz de Presidencia de Ezker Batua Berdeak, Serafín Llamas, ha denunciado hoy que la medida propuesta ayer por el consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, para vender la propiedad superficiaria de las VPO, es un “fraude”, que hará que los suelos públicos obtenidos con los recursos de todas las personas “se privaticen”.

“Esta medida es un empeño personal del consejero Arriola, que rompe unilateralmente con la política mantenida por el Gobierno Vasco durante los últimos 15 años, y también con la política de Vivienda que mantiene el propio PSOE en otras instituciones como los Ayuntamientos de Donostia o Barcelona, donde, por norma, todas las VPO son promovidas en derecho de superficie”, ha criticado.

Llamas ha explicado que la promoción de las VPO en derecho de superficie, es una fórmula aprobada en los Planes de Vivienda del Gobierno Vasco “desde hace 15 años y se ha mantenido por todos los ejecutivos hasta hoy”. Esta política, según ha dicho, “buscaba garantizar a futuro que los suelos obtenidos por las administraciones públicas con los recursos de todos y todas, queden en manos públicas y no se privaticen, facilitando a largo plazo (a 75 o 100 años) políticas públicas de vivienda u otros fines urbanísticos en esos solares, cuando las actuales VPO desaparezcan o sean sustituidas”.

No obstante, ha criticado que “Arriola ha roto con esta práctica, sin ni siquiera aprobar un nuevo Plan de Vivienda, ni refrendar esta medida en el Parlamento, como se había hecho en otras ocasiones”.  “Con esta iniciativa, bastará la venta del suelo de una sola VPO de una promoción de 100, para que el Gobierno pierda su condición de propietario único de todo el suelo de la promoción y se malogre el objeto de la medida; todo a cambio de 9.000 €”, ha afirmado.

Además, ha señalado que esta medida es un “fraude” también porque “se pretende cobrar de nuevo por una VPO que ya se vendió en su día en el precio máximo y, con este nuevo pago, se sobrepasará el precio máximo fijado para esa vivienda”.

Asimismo, ha calificado de “dudoso” que se obtengan los 24 millones de euros de ingresos que el Gobierno Vasco ha presupuestado por este concepto, porque “el hipotético adquirente está obligado a pagar entre 9.000 y 12.000 € por una propiedad del suelo que no le sirve para nada, es decir, se le piden dos millones de las antiguas pesetas y sólo obtiene a cambio despejar la duda de lo que vaya a suceder dentro de 50 o 60 años”.

Como conclusión, a su juicio, esta medida, “-que ya ha sido publicitada por el Consejero en otras dos ocasiones-, es una muestra de la falta de rumbo de la política de vivienda del actual Gobierno Vasco”, y “pretende desviar la atención pública del radical recorte presupuestario que ha sufrido la política de vivienda en Euskadi desde que el PSOE accedió al Gobierno Vasco”.