El grupo juntero de Ezker Batua Berdeak ha presentado una Propuesta de Resolución en la que pide que las Juntas Generales de Gipuzkoa insten al Gobierno del Estado que abandone los proyectos de macro-cárceles, en concreto el previsto para Zubieta, y opte por los centros específicos y de tamaño reducido, frente al modelo macro-carcelario. Asimismo, EB solicita que el Parlamento Foral inste al Ejecutivo central a la transferencia inmediata de la competencia de prisiones a instituciones vascas.

El portavoz juntero de Ezker Batua en Gipuzkoa, Mikel Izagirre, ha explicado que, a través de esta iniciativa, también solicitan que las Juntas Generales insten al Gobierno del Estado que “aplique una política penitenciaria justa, basada en el respeto de los derechos humanos y cuyo objetivo sea la resocialización y la reinserción de las personas presas”.

Mikel Izagirre ha afirmado que la situación de las cárceles vascas es “mala”, ya que “se incumplen de forma sistemática una serie de principios básicos y derechos de la política penitenciaria”. “Las condiciones en las cárceles son infrahumanas, con humedades, falta de espacio, suciedad etc..”, ha añadido.

“Para demostrar la precaria situación en la que se encuentra el centro penitenciario donostiarra basta con recordar las palabras pronunciadas por la propia directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, quien tras realizar una visita a la cárcel de Martutene dijo que “lo que le pide el cuerpo es cerrar el centro”, ha señalado, para añadir que “si la propia directora de instituciones penitenciarias dijo eso, da miedo pensar en qué circunstancias viven los presos”.

El portavoz de Ezker Batua ha denunciado que “la gestión que han llevado los diferentes Gobiernos del Estado en el ámbito de las prisiones no ha sido buena, ya que, han convertido las prisiones en centros de hacinamiento de personas en los que no se respetan los derechos que tienen los presos a pesar de que hayan delinquido”, ha explicado.

Por todo ello, Mikel Izagirre ha asegurado que reclamará la “inmediata” transferencia de la competencia de prisiones a las instituciones vascas, ya que ésta “será la única manera de poder garantizar una política penitenciaria basada en el respeto a los derechos humanos, la reeducación y la resocialización”.

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