El coordinador general de Ezker Batua-Berdeak y parlamentario, Mikel Arana, ha rechazado la decisión adoptada hoy por el Consejo de Gobierno de suprimir la Oficina del Defensor del Menor, porque, según señaló, "en ningún caso sus funciones se solapan con las del Ararteko", ya que este último sólo puede actuar en el ámbito público.

Además, el dirigente de EB recordó que Andalucía y Madrid, comunidades gobernadas por PSOE y PP, respectivamente, también cuentan con esta figura.

Según explicó, la normativa del Defensor del Pueblo vasco "sólo le permite incidir en el ámbito público", por lo que, en ausencia de una modificación de la Ley de Creación del Ararteko, "estaríamos dejando indefensos a los menores en todo aquello que no tiene que ver con las instituciones, puesto que los menores normalmente se relacionan en el ámbito familiar y privado, y no en el institucional".

Desde ese punto de vista, señaló que, cuando se debata este asunto en el Parlamento, Ezker Batua votará en contra de la eliminación de esta figura, porque "en ningún caso las funciones del Menor podrán ser asumidas por el Defensor del Pueblo vasco, ya que éste no tiene competencias fuera de las instituciones por mucho que pueda realizar informes".

Arana recordó que la Defensoría de la Mujer se encuentra "en el mismo caso", porque su ámbito "trasciende de las competencias que tiene el Ararteko".

El líder de EB insistió, por ello, en que las figuras de ambas instituciones "no se solapan ni en su diseño, ni en sus funciones, ni en sus quehaceres, sino que se complementan", por lo que ha invitado al Ararteko y al Defensor del Menor a que "trabajen conjuntamente, tal y como se definió desde el primer día de su creación en 2008".

Asimismo, recordó que la figura del Defensor del Menor existe también en Andalucía y Madrid, comunidades gobernadas por PSOE y PP respectivamente, y "en las que no se ha argumentado ningún solapamiento de funciones con las Defensorías del Pueblo para suprimir la del Menor", motivo por el cual se preguntó "si no se debe a un intento del Gobierno vasco por hacer rodillo y anular iniciativas progresistas adoptadas por el Ejecutivo anterior".