PRESIDENTA ANDREA, LEGEBILTZARKIDEOK, ARRATSALDE ON:

Se equivocan quienes ante una denuncia de torturas niegan la presunción de inocencia a los funcionarios afectados, pero yerran también aquellos responsables que ante este tipo de hechos cierran filas en torno a los presuntos torturadores, ofreciendo una cobertura política al maltrato policial que es indigno de una democracia, que es impropio de un Estado de Derecho.

Frente a quienes opinan que la tortura es una práctica sistemática en comisarás y cuartelillos, se sitúan quienes la niegan incluso cuando las evidencias o las mismas sentencias judiciales corroboran el maltrato. Este parece el sino de la política vasca, siempre decantándose hacia el blanco más inmaculado o hacia el negro más tenebroso.

En cualquier caso, que un detenido aparezca con diversas erosiones por su cuerpo y una costilla incrustada en un pulmón debiera ser motivo suficiente para apelar a la prudencia de todos, pero también a la prudencia de quienes se apresuran a ofrecer todo su apoyo a los funcionarios implicados en los hechos para –a renglón seguido- ofrecer ese discurso tan poco creíble de que se irá hasta el fondo del asunto.

Y ése quizás sea el problema, que aquí nadie en esos extremos que nos estrangulan, parece interesado en ir al fondo del asunto. Pero no van tampoco al fondo de la cuestión los ministros de turno que anuncian investigaciones mientras ofrecen cobertura política a quienes tienen que ser investigados. No es creíble, y lo peor es que el torturador lo sabe y se siente protegido.

No van al fondo quienes mantienen una legislación antiterrorista que extiende una zona de sombra entre el momento de la detención de un individuo y el momento en que es presentado a la autoridad judicial, es decir, una zona de sombra en el momento más crítico, en el momento que más luz debiera existir para que ni siquiera cupiese la menor de las sospechas.

Porque la sospecha existe, la sospecha está en la calle, la sospecha se corrobora a veces por sentencia judicial, la sospecha ha llegado a convertirse en muerte cierta.

Decir, por lo tanto, que la tortura no existe no es sino contradecir la realidad de los hechos y ofrecer cobertura política a lo que pueda suceder mañana.

Si en Ezker Batua estamos convencidos de que el terrorismo y la violencia en general no conducen a ningún sitio, sino que continuamente nos sitúan en el punto de partida de una humanidad necesitada de aprender a convivir bajo los revolucionarios conceptos de la palabra y el  respeto mutuos, con la tortura nos pasa lo mismo. Quienes la justifican, aunque sea en voz baja, por los réditos que a corto plazo pueden obtenerse del tormento a un detenido, están continuamente situándose al principio de ese mismo camino que comparten junto a los terroristas. Ni más ni menos.

Todos y cada uno de nosotros tenemos por tanto, la obligación política y moral, no sólo de condenar a ETA, sino también de prevenir, combatir e investigar cualquier vulneración de los derechos humanos, máxime cuando ésta se produce bajo jurisdicción administrativa.

Porque una cosa es respetar la presunción de inocencia de los funcionarios que  interrogaron a Igor Portu, y otra –muy distinta- es declararles inocentes de facto, tal y como hizo el ministro Pérez Rubalcaba contra toda prudencia. Un ministro del Interior no puede, a nuestro juicio, comprometer la acción de su Gobierno por unos funcionarios a los que ni siquiera conoce y que, en cualquier caso, están bajo sospecha. Eso no es avanzar en la lucha contra ETA sino seguir alimentando a una fiera que, desgraciadamente, no necesita que nadie le eche de comer.

Porque existen afortunadamente medidas que pueden prevenir la tortura sin comprometer la investigación, sin violar la incomunicación que a veces se hace necesaria como bien podemos comprender todos en esta Cámara.

Y quienes se oponen a tomar estas medidas debieran explicarle a la sociedad vasca el por qué de su negativa. Y debieran explicarnos de paso por qué se indulta de forma sistemática a los condenados por delitos de malos tratos y torturas.

Después de tantos y tantos años discutiendo de lo mismo, no podemos sino concluir que falta voluntad política para erradicar una serie de prácticas que deben avergonzarnos como seres humanos. No podemos ser pacifistas a media jornada, no podemos condenar la violencia solo cuando la practican otros, no podemos mantener un discurso coherente en relación a los derechos humanos si somos incapaces de condenar y prevenir los casos de torturas.

Quienes así actúan no sólo pierden toda la credibilidad, sino que son precisamente los que extienden la sombra de la duda sobre todo un sistema, sobre el Estado de Derecho y la misma democracia a la que continuamente se apela. No nos vale, por tanto, que pretendan acusarnos de ensombrecer la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, quienes no están dispuestos a delimitar las responsabilidades personales de determinados funcionarios indignos de ocupar el puesto que ocupan. Quienes así actúan están, como poco, eludiendo su propia responsabilidad política y son, a la postre, quienes echan tierra sobre la labor del conjunto de personas encargadas de luchar contra ETA.

Solicitamos, por lo tanto, un voto valiente y honesto, un voto que sin condenar a nadie, apueste por las buenas practicas policiales; y lo hacemos  no desde la óptica de quienes callando ante la violencia de ETA no hacen sino instrumentalizar los Derechos Humanos, sino desde la legítima preocupación que nos causa leer los informes de la ONU, de Amnistía Internacional y el propio Comité Europeo para la Prevención de la Tortura.

Muchas gracias.